Nicolás Lynch

La observación del Poder Ejecutivo a la ley de democratización de la elección de autoridades universitarias es una muestra más de que Alan García y su grupo en el poder prefieren la componenda a la transparencia.

La ley aprobada por el Congreso no responde al capricho de algunos profesores y estudiantes de perpetuar el desorden en las universidades peruanas. Por el contrario, es una iniciativa largamente debatida en los claustros y cuyo objetivo es responder a la aguda corrupción en la elección de decanos y rectores a lo largo y ancho del Perú. Como dice la canción, “todo se compra, todo se vende” en consejos de facultad y asambleas universitarias. Ya casi no existe el dirigente estudiantil de antaño sacrificado por un ideal. Este ha sido reemplazado por el “operador” que negocia puestos en las listas y luego vende los votos a tal o cual pretendiente de autoridad. Esto empeora porque en muchas universidades nacionales el tercio goza de “dietas” y otros pagos que hacen estos cargos más apetecibles.

La elección de autoridades se ha convertido así en la mayor fuente de corrupción en los organismos colegiados de las universidades, hay por lo tanto que sacarla de los mismos para que estos no se pudran y puedan cumplir su función. De allí, el planteamiento de elección universal y ponderada de autoridades. Que esto tiene peligro, no caben dudas. Pero hay que escoger entre el peligro de la politización, que por lo menos se da a la luz pública, y la componenda que hoy existe entre cuatro paredes. De la primera es posible salir mediante el continuo ejercicio democrático. En la segunda, en cambio, lo más posible es que nos ahoguemos en un detritus infernal.

García observa la ley aprobada porque está comprometido con las autoridades universitarias de hoy, justamente las que en su mayor parte han sido elegidas por la vía de la componenda. Pero, más peligroso todavía, en esta observación asoman los intereses de aquellos “empresarios universitarios” que aspiran a que el sistema democrático que existe en las universidades públicas en el Perú, tanto estatales como privadas sin fines de lucro, desaparezca totalmente. Su objetivo es caer sobre las mejores entre las públicas para privatizarlas por la fuerza y establecer en ellas la dictadura del negocio rápido que nada tiene que hacer con el conocimiento. ¿Y las demás que no están entre las mejores? Que languidezcan a su suerte que a nadie le importan.

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Es todavía temprano, a nueve meses de las elecciones generales, tomar las encuestas de opinión como tendencias definitivas. Sin embargo, salta a la vista que dos candidatos acusados reiteradamente de corrupción, como son Keiko Fujimori y Luis Castañeda, ocupan los primeros lugares. Es más, dos candidatos que ni siquiera se toman la molestia de aclarar las acusaciones en su contra. Hasta ahora entonces las sospechas de corrupción pagan a favor de los acusados.

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Diario La República

Un sector cada vez más importante de la derecha peruana quiere continuar con la guerra sucia del pasado para llevarnos a un Estado torcido. De ninguna otra manera se puede leer el uso reiterado que hacen de Sendero Luminoso para reprimir casi toda movilización de protesta, la satanización al extremo de los sentenciados por terrorismo que han cumplido su condena y ahora, el intento de modificación de las leyes que afectan a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales procesados por violación de derechos humanos. Es cierto que hay grave tardanza judicial en muchos casos, pero en lugar de pedir celeridad a la justicia buscan evitarla.

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Diario La República

El uso recurrente que hacen de Sendero Luminoso los medios y políticos de derecha tiene ahora una nueva faceta: su negación como amenaza ideológica. A Sendero lo usan como cuco cuando hay alguna movilización social para identificar a todos los que reclaman, casi por cualquier cosa, como terroristas. Sin embargo, cuando se produce la aparición de un pequeño grupo de simpatizantes de SL con reclamos específicos de legalización y amnistía, niegan la necesidad de desenmascarar ideológicamente ese reclamo farsante y optan simple y llanamente por la represión.

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Diario La República

La semana pasada con la aprobación de una ley en el Congreso de la República que establece el voto universal y ponderado para elegir rectores y decanos se podría haber dado, de no mediar el veto presidencial, un primer paso para terminar con el asambleísmo en las universidades nacionales.

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